Fragmento de:
El Colombiano
Las
irregularidades
El 25 de julio de 2005, el presunto
despojador de José María fue asesinado a tiros. Desde entonces, dice el
labriego, quién quedó detrás de sus tierras fue José Vicente Cantero. “Él me
puso varias citas con jueces –cuenta- para reclamar lo que dice que es de él,
pero que es mío”.
Fue así como José María conoció una
oficina del Estado, en la que algunos jueces y abogados le insinuaron que
recibiera primero cuatro millones de pesos, luego seis y luego diez, para que
evitara problemas.
“Yo le que ninguna plata valía mi finca,
la doctora me dijo que mi esposa había firmado papeles y yo le dije que eso era
falso”.
Irregularidades como la que vivió José
María fueron encontradas en los estudios adelantados por la Super Intendencia
de Notariado y Registro en el norte de Urabá. A demás de la participación de
notarios y funcionarios de Incoder y del Incora que, según Vélez, se prestaron
para los fraudes en esas tierras.
“Acá hubo participación de todo el
mundo. Hay resoluciones del Incora de 1999 que ya tenía impresa la palabra de
Incoder y que fueron inscritas. ¿Cómo sabían que se crearía Incoder?”,
preguntan en la Super Intendencia de Notariado.
Al respecto, Gerardo Vega, director de
la Fundación Forjando Futuro, asevera que en Urabá lo que hubo fue una oficina
alterna del Incoder “para expedir títulos falsos. De esto tenemos 700 casos de
resoluciones expedidas por el Incoder o el Incora y que fueron revocadas y
entregadas a otros propietarios”.
Tierra
¿en manos de quién?
César Acosta, coordinador de la Oficina
de Tierras en Urabá cuenta que la mayoría de los predios que los campesinos
reclaman están en poder de los ganaderos. “En algunas zonas agrícolas que
fueron sujeto de reforma agraria o parcelaciones del Incora, se han concentrado
algunos terratenientes. Hay una tendencia a utilizar las tierras para
ganaderías pero no tenemos estadísticas”, afirma.
Pero Geraldo Vega dice que la tierra de
los despojados “están en manos de ganaderos, palmicultores y empresarios
bananeros”, argumento que también expone Carlos Páez, cuando afirma que, “desde
el 93 para acá, surgió uno de los mayores desplazamientos del país. El 95 por
ciento de las tierras quedó en manos de los empresarios ganaderos, bananeros y
palmicultores”.
Según Paéz, los que insisten en
conservar la tierra, lo hacen porque saben que con los grandes proyectos “como
la carretera Panamericana o las autopistas que nos conectaran con Córdoba, las
tierras cobran un valor inmenso, por eso las han quitado”.
Los señalamientos a algunos bananeros,
como despojadores han sido una constante entre algunos de los exjefes
paramilitares, entre ellos “Raúl Hasbún”. En las versiones libres han señalado,
incluso, que recibieron aportes de algunos de los productores para “la causa paramilitar”.
El empresario bananero Gabriel Harry
Hinestroza se reserva su opinión frente a las declaraciones de los exjefes de
la AUC y asevera que de lo que “se puede dar fe es que el eje bananero, en lo
que respecta a la tendencia de la tierra en fincas de banano, han sido bien
habidas y así lo manifiesta la Superintendencia de Notariado y Registro”.
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